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Un comité del Senado de California acaba de desmantelar uno de los proyectos de ley de reforma de la conducción bajo los efectos del alcohol más importantes del estado en años, a pesar del amplio apoyo de otros legisladores y de las familias de las víctimas de conductores ebrios.
El proyecto de ley habría exigido el uso de alcoholímetros en los vehículos para cualquier persona condenada por conducir bajo los efectos del alcohol, lo que equipararía a California con la mayoría de los estados. Actualmente, la ley estatal solo exige estos dispositivos, llamados dispositivos de bloqueo de encendido, tras una reincidencia o en caso de accidentes con heridos.
Sabrina Cervantes, demócrata de Inland Empire y presidenta del Comité de Asignaciones del Senado, dio pistas sobre los cambios la semana pasada al mencionar enmiendas al proyecto de ley que habían sido aprobadas por unanimidad por el comité. Esta semana, se presentó una versión actualizada de la legislación, que eliminó una disposición clave que exigía el uso de estos dispositivos a miles de infractores primerizos. Estos cambios se conocen comúnmente como “enmiendas hostiles” porque se realizan sin la participación ni el apoyo del autor del proyecto de ley.
Cervantes fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol en un incidente de gran repercusión en Sacramento en mayo de 2025. La Fiscalía no la procesó después de que un análisis de sangre no detectara drogas ni alcohol en su organismo. Posteriormente, Cervantes demandó a la ciudad de Sacramento y a varios de sus agentes de policía, alegando que los agentes falsificaron pruebas y la arrestaron injustamente. La hermana de Cervantes, Clarissa Cervantes, candidata a la Asamblea Estatal, ha sido condenada en dos ocasiones por conducir bajo los efectos del alcohol en el sur de California, según informes de los medios.
Sabrina Cervantes no respondió a nuestra solicitud de comentarios para este artículo. Lo actualizaremos si lo hace.
A medida que se difundía la noticia del desmantelamiento del proyecto de ley esta semana, Kellie Montalvo se preguntaba si se había cometido algún tipo de error garrafal. Montalvo, cuyo hijo de 21 años, Benjamin, murió atropellado por un conductor ebrio en el distrito de Cervantes en 2020, dijo que hace apenas dos semanas estuvo en Sacramento cabildeando con legisladores, incluyendo a Cervantes, sobre una serie de proyectos de ley relacionados con la conducción peligrosa. Muchos de esos proyectos de ley ya han fracasado.
“Es desgarrador, y trato de decirme a mí misma que no debo perder la esperanza”, dijo Montalvo. “Es decir, California tiene que hacer algo. Nuestras cifras son espantosas”.
Según datos federales, las muertes por accidentes de tránsito relacionados con el alcohol en California aumentaron más del 50 % en una década, un incremento que duplica con creces el del resto del país. Más de 1300 personas mueren cada año en todo el estado en colisiones causadas por conductores ebrios.
En los últimos dos años, una investigación de CalMatters ha demostrado cómo los funcionarios estatales han permitido que conductores peligrosos permanezcan en las carreteras y causen muertes, y cómo los líderes electos han hecho la vista gorda incluso cuando el número de víctimas mortales se disparó.
Durante años, los legisladores han intentado, sin éxito, exigir el uso de alcoholímetros en los vehículos para todos los infractores por conducir bajo los efectos del alcohol. Grupos progresistas de reforma judicial y el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) se han opuesto a proyectos de ley similares en el pasado, alegando temores de penalizar injustamente a los infractores pobres, los altos costos y la tecnología obsoleta del DMV.
Montalvo y otros defensores pensaron que este año podría ser diferente. El Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) ha participado activamente en las audiencias estatales y, según ella y otros, brindó asesoría técnica para garantizar la viabilidad del proyecto de ley. El gobernador Gavin Newsom también instruyó a los legisladores el año pasado a continuar trabajando en las leyes estatales sobre alcoholímetros y a desarrollar “un programa duradero que fortalezca la seguridad pública”.
No está claro por qué el proyecto de ley de este año fue desvirtuado a última hora. Los registros públicos muestran que el personal del Comité de Asignaciones del Senado expresó recientemente su preocupación por los costos.
El proceso de enmienda es opaco incluso para los expertos de Sacramento.
“Sinceramente, a veces es un tema bastante complejo, incluso para nosotros como legisladores”, dijo la autora del proyecto de ley, la asambleísta Cottie Petrie-Norris, demócrata del condado de Orange. “Yo misma sigo tratando de esclarecerlo”.
Petrie-Norris, quien ha dedicado los últimos tres años a intentar aprobar una versión de este proyecto de ley, afirmó no creer que la experiencia personal de Cervantes haya influido en la decisión de enmendarlo. Añadió que sigue trabajando para volver a enmendar la medida tras las “consecuencias imprevistas” que, según ella, harían que la política fuera inviable para el Departamento de Vehículos Motorizados y perjudicarían la elegibilidad de California para recibir fondos federales.
Al solicitarle una entrevista para explicar los cambios al proyecto de ley, la oficina de la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limón, remitió las preguntas a Cervantes. Diana Crofts-Pelayo, subdirectora principal de comunicaciones de Newsom, también declinó responder preguntas sobre el proyecto de ley del alcoholímetro, alegando que su oficina no suele hacer comentarios sobre legislación pendiente.
Mientras el proyecto de ley entra en los últimos días de negociación, Montalvo y otras familias de las víctimas experimentan una sensación de déjà vu. Hace apenas un año, acudieron al Capitolio con fotos de sus seres queridos y se les dijo que el proyecto de ley estaba condenado al fracaso.
Montalvo se mantiene ocupada contactando al oficial de libertad condicional de la conductora del condado de Riverside que mató a su hijo. La última noticia que tuvo de ella es que la conductora estaba intentando recuperar su licencia tras haber salido antes de tiempo de prisión.
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