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En un día caluroso de agosto de 2025 en Los Ángeles, un trabajador estaba de pie bajo el sol con un trapo y una botella de plástico frente a una camioneta Mazda cuando se giró y vio a un agente de la Patrulla Fronteriza corriendo hacia él.
Segundos después, el agente lo agarró por el hombro, sujetándolo por la camisa con cuello de Handy J Car Wash como si fuera un niño desobediente.
—Oiga, señor, vámonos —dijo el agente en español. El hombre, visiblemente confundido, respondió: —¿Adónde? —preguntó, suplicándole al agente, diciendo que tenía los papeles en la mano. En diez segundos, el hombre —conocido solo por sus iniciales, AT, en los documentos judiciales— estaba esposado. Lo llevaron rápidamente en el asiento trasero de un Dodge Charger sin distintivos a un centro de detención de ICE para su procesamiento, dejando el trapo y la botella de plástico sobre el Mazda. Más tarde ese mismo día, le tomaron las huellas dactilares y lo liberaron, una vez que ICE se percató de que era residente permanente legal.
En un fallo que se hizo público el miércoles, un juez federal dictaminó que los agentes de inmigración probablemente violaron las leyes federales al arrestar a personas como AT sin una orden judicial antes de evaluar si existía riesgo de fuga.
La jueza Maame Ewusi-Mensah Frimpong ratificó un fallo preliminar emitido el mes pasado que establece que los agentes de inmigración no pueden simplemente arrestar a alguien, incluso si se encuentra en el país ilegalmente, sin determinar si es probable que huya antes de que se pueda obtener una orden judicial.
“Este tribunal encuentra pruebas suficientes de que los acusados tienen una política y práctica continuas de realizar arrestos sin orden judicial, en violación del requisito de realizar un análisis de la probabilidad de fuga”, escribió el juez.
Según la ley federal, los agentes de inmigración solo pueden arrestar a alguien sin una orden judicial cuando tienen motivos fundados para creer que la persona se encuentra en el país ilegalmente y que es probable que escape antes de que se pueda obtener una orden judicial.
“Este fallo es una de las decisiones más importantes hasta la fecha en el esfuerzo de la comunidad por poner fin a la práctica cruel e ilegal del gobierno federal de secuestrar personas y separarlas de sus familias”, dijo Mayra Joachin, abogada principal de la Fundación ACLU del Sur de California.
En un comunicado, el Departamento de Seguridad Nacional declaró: «El ICE tiene autoridad para realizar arrestos legales cuando así lo autoriza el artículo 1357 del Título 8 del Código de los Estados Unidos. Los agentes del orden público utilizan la “sospecha razonable” para investigar el estatus migratorio y la causa probable para efectuar arrestos de conformidad con la ley y la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La Corte Suprema ya nos ha dado la razón en estas prácticas».
La orden judicial preliminar surge de una demanda que la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles y una coalición de grupos de defensa presentaron el año pasado contra el Departamento de Seguridad Nacional tras las agresivas redadas en Los Ángeles dirigidas por el exfuncionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino.
Los abogados del DHS han argumentado que esas operaciones cesaron en febrero.
Si bien las redadas de inmigración de alto perfil se han calmado tras el asesinato de Alex Pretti y Renee Good en Minneapolis en enero, la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump no ha hecho más que intensificarse. Los arrestos alcanzaron su nivel más alto en el segundo mandato de Trump en julio, con casi 50,000 detenciones en todo el país, según datos del proyecto Deportation Data.
En California, los agentes arrestaron a más de un 15 por ciento más de personas que durante el mismo período del año pasado, cuando los agentes enmascarados de Bovino llevaron a cabo agresivas redadas callejeras en todo Los Ángeles.
Durante la fase de investigación, grupos defensores de los derechos civiles obtuvieron grabaciones de cámaras corporales, declaraciones juradas y mensajes de texto de los agentes. Con base en estas pruebas, argumentaron con éxito que las acciones de los agentes federales de inmigración probablemente violaron las protecciones consagradas en la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
En el caso de AT, el informe de arresto del agente de la Patrulla Fronteriza revela que omitió pasos que habrían impedido que un residente permanente legal fuera esposado y enviado a procesamiento.
En el informe, el agente que realizó el arresto afirma haberse identificado como agente de la Patrulla Fronteriza y que AT hizo “un par de movimientos bruscos” como si estuviera a punto de huir. Las imágenes de la cámara corporal no parecen mostrar eso.
El agente escribió que cuando le preguntó sobre su ciudadanía, AT respondió “Estados Unidos”. Sin embargo, el agente afirma que AT parecía “confundido e inseguro de su respuesta, similar a personas que he arrestado anteriormente”. El agente informó que lo arrestó para verificar su ciudadanía. En ningún momento antes del arresto el agente intentó verificar la identificación de AT ni le hizo preguntas sobre sus antecedentes, según muestran las imágenes de la cámara corporal. Ese es el tipo de evaluación de riesgo de fuga que se requiere antes de un arresto sin orden judicial.
Cuando las imágenes de las cámaras corporales contradicen las versiones de los agentes
En ese mismo lavadero de coches Handy J, otro agente de la Patrulla Fronteriza detuvo a otro trabajador ese mismo día.
En su relato de la detención, escribió que el hombre obedeció sus órdenes.
Pero más adelante en el informe, el agente justificó su decisión de arrestar al trabajador sin una orden judicial debido a “el hecho de que desobedeció las órdenes del agente”.
El informe destaca un argumento clave que los defensores presentaron en sus alegatos ante el tribunal. En los informes de arresto, los agentes deben explicar por qué determinaron que una persona tenía riesgo de fuga y, por lo tanto, no podían esperar para obtener una orden judicial. Los abogados argumentaron que, en el 80% de los informes de arresto que revisaron, los agentes no realizaron ninguna evaluación del riesgo de fuga o simplemente utilizaron un lenguaje genérico.
Argumentaron que el relato del agente utilizaba un lenguaje genérico que contradecía otras partes de su informe.
En su fallo, Frimpong citó este caso, señalando la discrepancia entre la versión oficial del gobierno y las imágenes de las cámaras corporales.
“En una de las detenciones, la versión del Gobierno sobre la fuga afirma que era probable que un individuo —EGG— escapara antes de que se pudiera obtener una orden judicial, basándose, en parte, en ‘su huida de las fuerzas del orden’”, escribió Frimpong. “… Pero un vídeo de esta detención muestra que EGG permaneció trabajando y de pie en el mismo lugar desde que el agente entró en el lavadero de coches hasta que lo llamó… Contrariamente al análisis escrito del riesgo de fuga del Gobierno, (él) no huyó”.
En la misma grabación de la cámara corporal, un agente supervisor le dice al trabajador: “Te vamos a llevar y comprobaremos que todo esté bien. Si todo está bien, te dejaremos ir”. Las propias palabras de los agentes revelan cómo funcionaban las redadas: primero arrestar y luego verificar.
En palabras de los propios agentes
En algunos casos, los agentes arrestaron a personas sin orden judicial, a pesar de que un tribunal ya había determinado que no existía riesgo de fuga, según los abogados de los defensores.
En un video grabado con una cámara corporal en septiembre, un agente de la Patrulla Fronteriza le pregunta a otro si siguen arrestando a personas que tienen una citación para comparecer ante un juez de inmigración. Dicha citación indica que la persona está en proceso de inmigración y probablemente no se la ha considerado un riesgo de fuga. Por lo general, han sido liberados a la espera de una audiencia judicial para determinar si pueden permanecer en el país.
Otro agente dice: “No me importa si tienes una cita en la corte próximamente, eres un caso de redeterminación de custodia”. El agente está diciendo que incluso si un juez de inmigración ya determinó que una persona no representa un riesgo de fuga, los agentes están revirtiendo esa decisión.
“Incluso aquellos que ya se encuentran en proceso de deportación, a quienes se les ordena la liberación bajo fianza presumiblemente debido a la falta de riesgo de fuga y que cumplen con las fechas de comparecencia ante el tribunal, no son inmunes a la política de los demandados”, escribieron los abogados de los detenidos, argumentando que los agentes de inmigración no solo están descuidando realizar una evaluación del riesgo de fuga por sí mismos, sino que están ignorando deliberadamente la determinación de un juez de inmigración.
La normativa de la Patrulla Fronteriza exige que los agentes pregunten sobre factores de riesgo de fuga, como la identificación o el domicilio, antes de realizar una detención. Sin embargo, los abogados que interpusieron la demanda afirman que las grabaciones de las cámaras corporales demuestran que los agentes a menudo no lo hacían.
En un vídeo de agosto de 2025, agentes de la Patrulla Fronteriza saltaron de un camión de Penske y detuvieron a personas en el estacionamiento de Home Depot en Los Ángeles.
Alrededor de las 6:50 a. m., un agente de la Patrulla Fronteriza arrestó a un hombre identificado como Tijerino-Garmendia en los documentos judiciales. El informe de arresto del agente indica que Tijerino-Garmendia “declaró no tener ninguna identificación que indicara su identidad o domicilio”. Las imágenes de la cámara corporal muestran que el agente “no hizo ningún interrogatorio al respecto”, según consta en los registros judiciales presentados por los abogados del detenido.
Según la demanda, los agentes arrestaron a miembros de la comunidad “sin investigar sus vínculos con la comunidad ni el riesgo de fuga”.
Jueces de Oregón , Colorado y Washington D.C. también ordenaron a los agentes federales que dejaran de realizar arrestos sin orden judicial. Sin embargo, en dos de esos casos, los tribunales determinaron posteriormente que los agentes continuaron haciéndolo.
En el caso de Los Ángeles, Frimpong ordenó que los agentes debían documentar “los hechos específicos y particularizados que respaldaban la causa probable que el agente o funcionario tenía antes del arresto para creer que era probable que la persona escapara antes de que se pudiera obtener una orden judicial”.
Los defensores argumentaron que el análisis debería incluir los vínculos con la comunidad, como si una persona tiene trabajo, casa y familia, pero el juez se negó a exigir esos detalles si el riesgo de fuga puede demostrarse mediante otros factores.
También se negó a exigir a los agentes que documenten los casos en los que hablan con alguien pero no lo arrestan.
El gobierno solicitó un aplazamiento de dos semanas para decidir si apelaba antes de que la orden entrara en vigor. Frimpong lo negó, afirmando que el gobierno “no puede alegar razonablemente que se vea perjudicado en ningún sentido legalmente reconocible” por la orden de acatar la ley.
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