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La administración Trump demandó el jueves a California y al condado de Los Ángeles para prevenir que los funcionarios electorales cuenten las papeletas de potencialmente 20,000 votantes registrados, en una intervención extraordinaria a 19 días de unas elecciones nacionales trascendentales.
Esta semana, los fiscales federales del Departamento de Justicia de Estados Unidos escribieron a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y al secretario del registro civildel condado de Los Ángeles, Dean Logan, exigiéndoles que verifiquen la ciudadanía de una lista específica de votantes registrados o que aparten sus papeletas sin contarlas en noviembre.
Esto forma parte de una campaña nacional del gobierno de Trump para identificar casos de personas que no son ciudadanas estadounidenses y que votan ilegalmente en las elecciones. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó recientemente que Nevada tenía casi 16,000 personas que no eran ciudadanas estadounidenses en su padrón electoral; sin embargo, solo enviaron al estado los nombres de 185 votantes, quienes, según confirmaron las autoridades de Nevada, eran todos ciudadanos estadounidenses.
California envía una papeleta de votación por correo a todos los votantes registrados; los secretarios de los condados de todo el estado ya lo han hecho antes de las elecciones del 3 de noviembre, en las que los californianos decidirán sobre un nuevo gobernador, 14 propuestas electorales estatales y varias contiendas reñidas que serán clave para determinar qué partido controlará el Congreso.
Las cartas del Departamento de Justicia , enviadas al condado de Los Ángeles y al condado de Weber por el fiscal general adjunto interino de los Estados Unidos, R. Trent McCotter, daban a los funcionarios 48 horas para cumplir con la solicitud de revisar una memoria USB que contenía una lista de votantes registrados que, según los fiscales federales, no son ciudadanos.
El miércoles, Logan declaró que no había revisado la unidad porque su formato no era seguro. Weber le escribió a McCotter diciéndole que había solicitado datos y metodología después de que funcionarios federales afirmaran sin pruebas en julio que 190,000 votantes de California “podrían ser” no ciudadanos, pero que dichos funcionarios nunca se los proporcionaron.
El gobernador Gavin Newsom se burló el jueves de la demanda, calificándola de “un triste y desesperado intento de Trump de utilizar su politizado Departamento de Justicia para intentar suprimir el voto de los californianos a tan solo tres semanas del día de las elecciones”, y dijo que la petición de los fiscales de anular las papeletas “debería aterrorizar a todos los estadounidenses”.
“Seguiremos celebrando elecciones libres y justas en California, y denunciaremos a este autoritario mientras intenta aplicar todas las tácticas propias de un dictador”, dijo Newsom en un comunicado.
Señaló que la solicitud pide a los funcionarios electorales locales que violen la ley federal: la Ley Nacional de Registro de Votantes prohíbe la depuración de los padrones electorales dentro de los 90 días previos a una elección.
Tanto la ley federal como la de California exigen que los residentes sean ciudadanos estadounidenses para registrarse para votar. El fraude electoral es extremadamente raro, según han demostrado numerosos estudios.
Los demócratas de California instan a la gente a votar
Las acciones de la administración Trump han alarmado a los líderes estatales, quienes afirman que equivalen a intimidación a los votantes.
“Creo que esto es muy preocupante… porque muchos en California y en todo el país lo perciben como una forma de disuadir a la gente de votar”, dijo la presidenta pro tempore del Senado, Monique Limon, en un mitin en Los Ángeles el jueves por la mañana en apoyo del candidato demócrata a gobernador, Xavier Becerra.
“Seguiremos defendiendo y protegiendo la integridad de nuestras elecciones. California cuenta con un sistema sólido para proteger nuestros comicios. Verificamos, comprobamos y damos seguimiento”, afirmó.
En su discurso durante el mitin, Becerra no se refirió directamente a la acción federal, pero prometió luchar contra la administración Trump.
“Ya sea votando, ya sea yendo a trabajar, ya sea teniendo buenas escuelas o ya sea protegiendo a nuestras familias contra los mercenarios de ICE, estamos aquí, estamos presentes , y lucharemos”, dijo Becerra desde el Monumento Histórico El Pueblo de Los Ángeles.
Pero ahora mismo nuestra lucha es movilizar el voto, asegurarnos de que todo el mundo entienda que nuestro poder reside en nuestro voto”, dijo.
Más citaciones judiciales para los condados de Orange y San Diego
La demanda y las exigencias del Departamento de Justicia se producen semanas después de que los investigadores federales emitieran citaciones del gran jurado a los funcionarios electorales de Los Ángeles solicitando información sobre los votantes registrados.
Según informó el medio de comunicación inewsource , los fiscales federales también solicitaron información sobre los votantes registrados en el condado de San Diego, así como en el condado de Orange, según consta en documentos no publicados anteriormente y obtenidos esta semana por CalMatters.
El 10 de septiembre, el registrador de votantes del condado de Orange recibió tres citaciones judiciales para obtener información sobre votantes registrados. Las citaciones, dirigidas tanto al condado de Los Ángeles como al de Orange, fueron enviadas a petición del fiscal federal interino del sur de California, Bill Essayli, y del fiscal federal adjunto, Michael Wheat. Solicitaron a los funcionarios locales que entregaran la información a un investigador del Departamento de Seguridad Nacional.
Una citación judicial solicitaba el archivo completo de votantes para obtener una lista censurada de lo que parecen ser 18 votantes registrados del Condado de Orange, incluyendo cualquier “declaración jurada sobre el estado de ciudadanía”; otras dos solicitaban registros más detallados de dos votantes diferentes, incluyendo información sobre si habían cambiado sus direcciones o afiliación política y “correspondencia relacionada con el registro de votantes”.
Bob Page, registrador de votantes del condado de Orange, dijo que su oficina elaboró los registros y que no ha recibido ninguna otra solicitud o exigencia por parte de la administración Trump.
“Desconocemos el motivo por el cual el gran jurado solicitó los registros de estas personas”, escribió Page en un comunicado enviado por correo electrónico. “La solicitud de esta información de registro no ha tenido ningún impacto en la administración de las elecciones generales de 2026”.
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