This article is also available in English. Read it here.
Las agencias federales que cancelaron más de mil subvenciones de investigación en la Universidad de California el año pasado admitieron que utilizaron palabras clave relacionadas con la diversidad, el género, la reticencia a las vacunas y la COVID-19 para seleccionar proyectos que contravenían las prioridades de la administración Trump.
Se trata de una admisión que, según los abogados de los profesores investigadores , demuestra que las agencias cancelaron ilegalmente casi 2,000 millones de dólares en subvenciones. Este es un avance crucial en la demanda interpuesta por investigadores de la Universidad de California contra la administración Trump para recuperar definitivamente sus subvenciones. El equipo legal de los investigadores solicita ahora al juez que omita el juicio y declare formalmente que la Casa Blanca violó reiteradamente la Constitución, incluida la Primera Enmienda. La audiencia judicial para determinar si esto sucederá está programada para el 20 de octubre.
Las agencias federales admitieron la existencia de palabras clave en las estipulaciones firmadas y presentadas la semana pasada ante un tribunal federal en un caso llamado Thakur v. Trump, que lleva en curso desde la primavera pasada.
Las estipulaciones en la demanda judicial muestran que las agencias “no rescindieron ninguna subvención por supuesto incumplimiento de los términos de la misma” y, en cambio, utilizaron “criterios generales, en lugar de una evaluación específica de cada subvención sobre el cumplimiento o el desempeño”, escribieron los abogados de los demandantes. Los abogados de los profesores de la UC ahora sostienen que la admisión demuestra tres violaciones constitucionales de gran alcance:
- Al utilizar búsquedas por palabras clave para revisar cientos de subvenciones y cancelarlas en masa, en lugar de revisarlas individualmente según sus méritos, la administración Trump se centró en investigaciones que consideraba políticamente desfavorables, lo cual constituye una violación de la Primera Enmienda.
- Al cancelar 283 subvenciones del Departamento de Energía a los estados donde la mayoría votó por Kamala Harris en las elecciones de 2024, y dejando intactas cientos de subvenciones destinadas a estados “rojos”, la administración Trump castigó injustamente a los investigadores simplemente por vivir en estados a los que la Casa Blanca se oponía políticamente.
- Al cancelar miles de millones de dólares en subvenciones y no redirigir ese dinero a otras oportunidades de financiación, la administración Trump violó la constitución al no gastar el dinero de la manera que el Congreso exigía específicamente a través de las leyes que aprobó sobre cómo debían utilizarse los fondos para la investigación.
El 16 de julio, CalMatters envió un correo electrónico al Departamento de Justicia de Estados Unidos, que actúa como defensor legal de las agencias federales, para preguntar si coincidía en que las estipulaciones de las agencias federales que otorgan subvenciones implican que la administración Trump violó los derechos constitucionales de los investigadores. Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió antes de la publicación.
Historial de demandas
La jueza Rita F. Lin, en este caso, se ha puesto repetidamente del lado de los profesores de la UC y ha emitido varias órdenes judiciales preliminares que obligan a las agencias federales a restablecer las subvenciones mientras revisa el fondo del asunto. Esto incluye el restablecimiento de cientos de subvenciones en la UCLA que la administración Trump intentó suspender debido a sus acusaciones de que la universidad toleraba el antisemitismo y permitía que mujeres transgénero compitieran en equipos deportivos femeninos.
Estas acusaciones también motivaron una exigencia de la Casa Blanca para que la UCLA pagara 1,200 millones de dólares o sufriera una nueva oleada de congelaciones de la investigación. Sin embargo, meses antes de que Trump solicitara ese acuerdo, la UCLA tomó medidas para abordar el antisemitismo en el campus, incluyendo la creación de un grupo de trabajo para recomendar formas de crear un ambiente más acogedor para los estudiantes judíos.
Lin, nombrada por Biden, criticó al gobierno por ignorar los esfuerzos de la UCLA en una orden judicial preliminar relacionada con una demanda distinta. La justificación del gobierno de Trump para cancelar las subvenciones no mencionaba las medidas correctivas que la UCLA ya había tomado para abordar los problemas descritos, escribió Lin.
Los abogados de los profesores implicados en el caso Thakur ahora exigen que Lin emita un fallo definitivo que ordene la restitución de las subvenciones, en lugar de uno preliminar. Aun así, las agencias federales podrían apelar la decisión de Lin ante un tribunal superior.
Los abogados de los profesores en el caso Thakur escribieron que lo que está en juego “es enorme”. Si se permite a la Casa Blanca “retirar esta financiación, los investigadores, estudiantes de posgrado y personal del programa que dependían de las subvenciones para desarrollar el trabajo de toda su vida sufrirán un daño significativo a su reputación y a sus carreras profesionales”.
Los abogados advierten sobre curas que podrían salvar vidas y que nunca se desarrollarán, nuevos conocimientos sobre enfermedades que quedarán sin explorar y el declive de la posición global del país como potencia internacional en la investigación financiada con fondos públicos.
Utilizar palabras clave para identificar subvenciones desfavorecidas
Según una revisión de los nuevos documentos judiciales realizada por CalMatters, las agencias admitieron haber utilizado palabras clave de diversas maneras.
El Departamento de Transporte identificó seis subvenciones para proyectos por un valor aproximado de 42 millones de dólares que debían cancelarse porque buscaban la “equidad en el transporte”, priorizaban a las “comunidades desfavorecidas” o se centraban en la “diversificación de la fuerza laboral del transporte” y la “equidad”.
La cancelación de tres de esas subvenciones, dirigidas por un profesor de la UC Davis, provocó que 77 investigadores abandonaran 79 proyectos en curso. Los abogados de los demandantes escribieron que los responsables de los proyectos también se vieron obligados a despedir o buscar desesperadamente financiación para más de 40 asistentes de investigación, tanto de posgrado como de pregrado.
Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) admitieron haber utilizado una herramienta de búsqueda interna para identificar subvenciones de la Universidad de California (UC) que mencionaban “equidad en salud”, “diversidad laboral”, “racismo estructural” y “orientación sexual”. Solo los NIH suspendieron o cancelaron más de 1,000 subvenciones de la UC, incluidas casi 700 en la UCLA, relacionadas con vacunas, investigación del cáncer y disparidades en los resultados de salud. Esta cifra se reveló recientemente en un documento judicial; el año pasado, la UCLA indicó que se habían cancelado cerca de 500 subvenciones de los NIH. La agencia de investigación en salud también declaró que es posible que DOGE, la efímera oficina federal que el multimillonario Elon Musk dirigió en 2025, utilizara inteligencia artificial para identificar subvenciones que debían cancelarse.
Los abogados de los demandantes escribieron al juez que estas admisiones demuestran que las agencias “identificaron los puntos de vista que querían suprimir, buscaron en las subvenciones que financiaban aquellas que expresaban esos puntos de vista y cancelaron esas subvenciones por ese motivo”. Esto viola los derechos de la Primera Enmienda de los investigadores, escribieron los abogados.
La Agencia de Protección Ambiental, una de las agencias mencionadas en la demanda, está en proceso de llegar a un acuerdo con los abogados de los profesores de la UC para evitar más litigios.
Un juez federal de distrito en Massachusetts asestó la semana pasada un duro golpe a la administración Trump en su capacidad para cancelar subvenciones y retener fondos federales. La Casa Blanca se basó en una frase legal para muchas de sus cancelaciones de fondos: “ya no cumple con las prioridades de la agencia”. California y otros 22 estados demandaron, argumentando que no existe ninguna ley ni derecho para que el gobierno federal cancele fondos basándose en nuevos objetivos del programa y deseos de la Casa Blanca una vez que las subvenciones ya se han otorgado. El juez les dio la razón.
via CalMatters https://ift.tt/WGy0mYU
No comments:
Post a Comment