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Los fiscales del condado de Placer querían cualquier información que el Departamento de Vehículos Motorizados de California tuviera sobre Kostas Linardos, quien estrelló una camioneta de tres toneladas a alta velocidad contra la parte trasera de un sedán a fines de 2022, matando a un niño pequeño.
La oficina del fiscal de distrito, que acusó a Linardos de homicidio vehicular grave, ya había obtenido registros que mostraban que Linardos tenía al menos 16 infracciones de tránsito, incluyendo exceso de velocidad, conducción imprudente y carreras callejeras, y que estuvo involucrado en al menos cuatro colisiones antes del accidente fatal, según consta en los registros judiciales.
Pero también descubrieron que el DMV renovó su licencia apenas un año después de que la oficina del fiscal del distrito presentó cargos.
Los fiscales estaban interesados en cualquier cosa que pudiera haber dicho en una audiencia para obtener su licencia o en cualquier registro que la agencia hubiera desenterrado como parte de su investigación del accidente.
Ellos asumieron que el DMV hizo algún tipo de revisión antes de decidir que era seguro dejar que Linardos permaneciera en la carretera.
¿Pero qué pasó?
El DMV pasó casi un año luchando por mantener en secreto la respuesta, negándose a divulgar información sobre Linardos sin una orden judicial y luego instando a un juez a no emitir tal decreto. El abogado de la agencia argumentó en un escrito que la fiscalía quería los registros “con el propósito indebido de desprestigiar al DMV por presuntas irregularidades infundadas”.
Los fiscales dijeron que querían que los registros del DMV ayudaran a demostrar que Linardos conocía los riesgos de conducir de manera imprudente, algo que necesitaban probar para que el cargo de homicidio vehicular por delito grave se mantuviera.
Cuando el asunto finalmente llegó a los tribunales este año, el abogado que representaba a la agencia hizo una confesión impactante: el DMV no tenía constancia de ninguna investigación sobre un conductor con un largo historial de manejo imprudente que mató a un niño de 23 meses. La agencia ni siquiera pareció haber celebrado una audiencia antes de decidir que estaba bien permitir que Linardos siguiera conduciendo.
La búsqueda de respuestas por parte de los fiscales de Placer subraya la poca acción que toma el estado de California contra los conductores mortales.
Aunque la ley estatal autoriza al DMV a investigar a los conductores involucrados en accidentes que causen la muerte o lesiones graves, los registros de la agencia sugieren que el DMV rara vez ejerce esa facultad. Los datos proporcionados a CalMatters muestran que, entre 2022 y 2024, la agencia abrió solo 3,300 investigaciones a conductores por su participación en accidentes mortales o con lesiones graves, un período en el que California registró casi 56,000 colisiones de este tipo.
El fiscal de distrito del condado de Placer, Morgan Gire, dijo que cree que los funcionarios del DMV han luchado tan duro para mantener los registros en secreto porque “revelarán que hay tantos conductores que han causado tanto daño a nuestra sociedad y que el DMV podría haber sido más activo en la prevención”.
“Tienen culpa moral o responsabilidad legal”, dijo, “y están tratando activamente de evitar que eso se revele”.
La investigación en curso de CalMatters, “Licencia para Matar “, ha demostrado que el DMV, bajo la dirección del director designado por el gobernador Gavin Newsom, permite sistemáticamente que conductores con antecedentes de conducta imprudente permanezcan al volante hasta que es demasiado tarde. Y la agencia a menudo no hace nada, incluso después de que estos conductores cometen homicidio.
El DMV rechazó una solicitud de entrevista para esta historia, pero respondió algunas preguntas por escrito.
“Con respecto a Kostas Linardos, agradecemos que nos haya informado al respecto. El DMV ha abierto una investigación sobre el incidente y los hechos subyacentes”, escribió la portavoz Eva Spiegel.
Marc T. Vukcevich, director de políticas estatales del grupo de defensa Streets For All, dijo que “es asombroso” lo poco que la agencia investiga a los conductores que matan o hieren a personas.
Los residentes de California tienen que asumir las exorbitantes tarifas de matriculación de vehículos y la molestia de lidiar con el DMV. Deberían poder confiar en que la agencia al menos está haciendo todo lo posible para garantizar su seguridad, afirmó.
“Esto es un fracaso total del Estado”, dijo Vukcevich.
‘No digas eso tan alto’
Tal vez ningún conductor ilustre mejor la incapacidad —o falta de voluntad— de California para sacar de la carretera a los conductores peligrosos que Kostas Linardos.
Linardos conducía una camioneta Ram 2500 durante la hora pico de la mañana de un miércoles de noviembre de 2022 cuando intentó incorporarse a la Interestatal 80 en Roseville. La fiscalía alega que, en lugar de incorporarse de forma segura a la autopista, Linardos pisó a fondo y cruzó el “gore”, el triángulo pintado que separa la rampa de acceso del carril derecho de la autopista.
Pero había un coche parado allí. Una mujer se había salido de la autopista después de que se le reventara la rueda de su VW Jetta. Su hijo estaba en su sillita.
Linardos impactó la parte trasera de su sedán a toda velocidad, destrozando el vehículo, según los registros policiales presentados ante el tribunal. El niño falleció.
Los investigadores desenterraron su extenso historial de infracciones de tránsito. También encontraron imágenes de la cámara del tablero de la camioneta que, según creen, mostraban a Linardos conduciendo imprudentemente en otras ocasiones: siguiendo de cerca a otros vehículos, cambiando bruscamente de carril a alta velocidad y, aparentemente, gritándoles a otros conductores que lo estaban retrasando, según un informe policial incluido en el expediente.
El abogado de Linardos, Mark Axup, se negó a hacer comentarios para esta historia debido a los cargos criminales pendientes contra su cliente.
Días después de que CalMatters presentara el caso Linardos en un artículo, el fiscal de distrito adjunto Kyle Hasapes envió al DMV una citación para obtener información.
Hasapes declaró posteriormente, según los registros judiciales, que esperaba que los archivos de la agencia le ayudaran a demostrar que Linardos actuó con “negligencia grave”, un criterio legal técnico que necesitaba probar en el caso. La fiscalía debe demostrar que Linardos conocía los riesgos de conducir de forma imprudente y, de todos modos, decidió conducir así. Cualquier información que Linardos le haya dicho a la agencia podría ser útil.
La fiscalía se negó a permitir que Hasapes fuera entrevistado debido a que el caso penal contra Linardos sigue abierto. Este relato se basa en el extenso expediente judicial, que incluye correos electrónicos que Hasapes escribió a funcionarios del DMV, y transcripciones de audiencias.
Dos semanas después de la citación, la agencia envió a Hasapes una copia impresa de una sola página que supuestamente mostraba el historial de conducción de Linardos. No se mencionaban infracciones ni suspensiones, y solo un “accidente”: la colisión mortal de 2022. Pero el historial del DMV carecía de fundamento. La fiscalía ya contaba con 14 páginas de registros que demostraban el extenso historial de conducción de Linardos. Estos registros también indicaban que la agencia le había suspendido la licencia años antes por conducción negligente.
Entonces, después de la respuesta inicial de una página, Hasapes realizó un seguimiento con correos electrónicos y llamadas a la agencia.
“Lamento mucho molestarlo, ya que estoy seguro de que tiene muchas otras cosas que hacer”, escribió Hasapes en un correo electrónico a un abogado del DMV. “Estoy en un pequeño dilema porque no he logrado obtener los registros del DMV”.
No ayudó.
La agencia se negó a entregar una copia certificada del historial de conducción completo de Linardos, que Hasapes necesitaba para presentar como prueba en el tribunal. También tuvo dificultades para obtener una respuesta clara del DMV sobre qué hizo, si es que hizo algo, después de que Linardos matara a un niño. La agencia le dijo que no pudo encontrar ningún otro registro relacionado con Linardos y que podría haberlos destruido, si es que alguna vez existieron, porque habían excedido el plazo de retención de 12 meses de la agencia para los registros de audiencias, según consta en los expedientes del caso.
Entonces Hasapes llevó a la agencia a los tribunales.
“No sé qué tiene el DMV, por eso he pedido todo”, dijo Hasapes al juez de la Corte Superior Michael Jones, según una transcripción de una audiencia de enero.
Marie Yelavich, abogada del DMV, argumentó que Hasapes nunca debió haber obtenido el historial de conducción completo de Linardos, el cual la agencia considera confidencial sin una orden judicial. (Hasapes declaró al juez que las autoridades obtuvieron el historial sin certificar de un empleado del DMV y expresó su preocupación de que la persona que lo proporcionó pudiera enfrentar una reprimenda de la agencia por entregarlo).
Yelavich también dijo que el DMV no guarda muchos registros. Entre los registros que Hasapes quería, por ejemplo, se encontraban las cartas que el DMV le envió a Linardos advirtiéndole que corría el riesgo de que le suspendieran el permiso de conducir. Dicha advertencia podría ayudar a demostrar que debería haber sabido que su comportamiento al volante era peligroso.
Pero Yelavich dijo que el sistema informático de la agencia envía automáticamente las advertencias y no guarda copias, “por lo que no hay registros que proporcionar”.
“No lo digas tan alto”, bromeó el juez Jones. “No quieren que el público sepa que no hay constancia de nada de lo que se les está enviando”.
Hasapes expresó su escepticismo de que el DMV estuviera buscando sus registros y entregando todo de buena fe.
“Me dicen que se ha purgado todo un expediente, aunque todos los implicados sabían que se había abierto un proceso penal por la muerte de un niño de 23 meses”, afirmó Hasapes.
En una entrevista, Gire afirmó que es normal que su oficina solicite registros a agencias gubernamentales y que dichas solicitudes rara vez resultan en una disputa. Calificó la respuesta del DMV de “asombrosa”.
“Este caso trata sobre un niño pequeño que fue asesinado sin sentido por alguien que nunca debería haber estado detrás del volante en primer lugar, y el DMV lo sabía”, dijo Gire.
“El hecho de que estemos involucrados en todo este litigio sobre estos registros significa que, en última instancia, la justicia se retrasa y se le niega a esta familia mientras jugamos estos juegos legales innecesarios que el DMV insiste en que juguemos”, dijo.
Al final el juez se puso del lado de los fiscales y a finales de enero ordenó a la agencia que entregara lo que tenía.
El DMV “podría realizar una investigación”
La inacción del DMV después del accidente fatal no fue una aberración.
Informes anteriores de CalMatters revelaron que los conductores peligrosos siguen conduciendo por diversas razones. El sistema de puntos del estado está lleno de deficiencias. Sus leyes de DUI se encuentran entre las más débiles del país . Y para muchos cargos y condenas por homicidio vehicular, no existe una suspensión automática de la licencia.
Eso significa que a menudo es el DMV quien decide si actuar o no. Habitualmente, no lo hace.
El código vehicular de California establece que el DMV puede realizar una investigación cuando un conductor se ve involucrado en un accidente con heridos o fallecidos y revocarle el permiso de conducir. CalMatters solicitó los registros de dichas investigaciones para comprender hasta qué punto la agencia ejerce esta autoridad.
En respuesta, la agencia dijo vía correo electrónico que investiga a cada conductor que contribuye a un accidente de este tipo o cuya culpabilidad las autoridades no pudieron determinar.
Los datos del DMV muestran que abrió alrededor de 3,300 “casos de operadores negligentes” entre 2022 y 2024 contra conductores involucrados en colisiones fatales o con lesiones graves.
Sin embargo, California registró casi 55,500 colisiones con víctimas mortales o lesiones graves en esos tres años, según datos estatales disponibles del Centro de Investigación y Educación sobre Transporte Seguro de la Universidad de California en Berkeley. Esto sugiere que el estado inicia una investigación del conductor en tan solo el 6% de los accidentes con heridos graves o fallecimientos.
Hemos intentado durante casi dos años conseguir que la agencia explique la discrepancia entre el número de investigaciones y el volumen de accidentes.
Inicialmente, los funcionarios de la agencia dijeron que no podían comentar sobre las estadísticas publicadas por la universidad y ofrecieron especulaciones que podrían explicar parte de la diferencia, pero ciertamente no toda. Un conductor ebrio que choca contra un árbol y muere, por ejemplo, no sería investigado por el DMV. Tampoco lo sería un conductor que se da a la fuga y nunca es identificado.
En su respuesta a las preguntas para este artículo, el DMV aún no explicó las cifras. La agencia indicó que no podía proporcionar información a nadie antes de la publicación.
via CalMatters https://ift.tt/91qoVJu
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