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El martes, CalPERS abandonó una batalla legal de siete años para recuperar cientos de miles de dólares de cuatro pensionistas a quienes el fondo acusó de infringir las normas sobre trabajar después de la jubilación.
El final de esta saga es significativo no solo para los jubilados que ya no se enfrentan a exigencias de pago “escandalosas” por parte de su fondo de pensiones , sino también para las ciudades que recurren a antiguos empleados públicos como trabajadores a tiempo parcial para cubrir necesidades de personal a corto plazo.
En un momento dado, CalPERS ajustó las prestaciones de los jubilados de tal manera que estos perdieron ingresos mensuales. Gracias al acuerdo, recibirán lo que les correspondía en sus fechas de jubilación originales.
Los cuatro jubilados “recuperaron la situación que les correspondía hace siete años”, declaró Scott Kivell, el abogado que los representó en numerosas audiencias judiciales y administrativas. “En realidad, no fue un acuerdo. CalPERS cedió y dijo que les daría todo a mis clientes”.
El caso se remonta a 2018, cuando CalPERS comenzó a investigar a cinco jubilados que trabajaban para Regional Government Services, una empresa que proporciona consultores y contratistas independientes a agencias gubernamentales locales. Cada uno de los jubilados había comenzado a trabajar para la empresa, que los asignó a diferentes ciudades.
Los auditores de CalPERS determinaron que los jubilados realizaban trabajos bajo la dirección de los supervisores municipales y que actuaban más como empleados del gobierno local que como contratistas independientes que reportaban a una empresa privada.
Eso constituye una violación de la ley de jubilación de California, que limita estrictamente la cantidad de horas que los jubilados pueden trabajar para las agencias gubernamentales que brindan beneficios a través del Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California.
Mientras CalPERS evaluaba a los jubilados, les enviaba cartas indicando que habían recibido incorrectamente sus ingresos de pensión y que sus fechas de jubilación se ajustarían a la fecha en que dejaron de trabajar para los Servicios del Gobierno Regional, en lugar de a la fecha en que dejaron la administración pública.
En 2022, una jubilada, Margaret Souza, recibió un aviso de “pago atrasado” de CalPERS en el que se le informaba de que se le había pagado de más 846,292 dólares.
Otro beneficiario, Tarlochan Sandhu, recibió un aviso de CalPERS en febrero de 2022 informándole que debía 454,474 dólares.
David Dowswell recibió un aviso de pago vencido que indicaba que debía 664,289 dólares.
Y la viuda de Douglas Breeze recibió una notificación que decía que debía 36,192 dólares.
En general, la decisión de CalPERS de que los jubilados estaban en conflicto con la ley estatal se mantuvo en los tribunales. CalPERS perdió solo un caso cuando los cinco empleados demandaron al fondo. Se trató de Linda Abid-Cummings, quien ganó su demanda en el Tribunal Superior de Sacramento, según informó The Sacramento Bee.
El año pasado, el Tribunal de Apelaciones del Tercer Distrito dictaminó que CalPERS estaba justificado al determinar que el trabajo de Sandhu para Regional Government Services violaba la ley de jubilación de California.
Sin embargo, una decisión más reciente de un juez administrativo se centró en las sanciones y recuperaciones que CalPERS quería imponer. Determinó que el fondo violó un plazo de prescripción de tres años respecto al período retroactivo en el que podía reclamar reembolsos por infracciones a la ley de jubilación.
Por ejemplo, la revisión que CalPERS hizo del caso de Souza se remonta a 2011. En febrero de 2022, le envió el “aviso de pago vencido” que describía el enorme sobrepago.
Souza y los demás recibieron cartas posteriores en las que se les exigían cantidades menores, una práctica que la jueza administrativa Juliet Cox criticó en su fallo de enero.
“El personal de CalPERS ha enviado requerimientos contradictorios, en algunos casos por sumas exorbitantes, a Sandhu, Souza, Dowswell y la viuda de Breeze. Sus comunicaciones han estado plagadas de errores y han sido poco claras”, escribió Cox.
CalPERS no aceptó la decisión de Cox de inmediato. Su personal escribió a la Junta de Administración de CalPERS recomendando que rechazara la decisión de Cox y remitiera el caso a otra audiencia administrativa.
Pero, justo antes de que la junta votara sobre esa recomendación, CalPERS llegó a un acuerdo con los empleados y las ciudades que contrataron a la Autoridad de Servicios del Gobierno Regional.
La directora ejecutiva de los Servicios Gubernamentales Regionales, Sophia Selivanoff, instó a la junta de CalPERS en su reunión a ir más allá y declarar el fallo de Cox como una “decisión precedente”, una formalidad que, según dijo, haría hincapié en que CalPERS debe cumplir con el plazo de prescripción de tres años al investigar violaciones de la ley de jubilación y recalcular los beneficios.
La junta no tomó esa medida. Tras la reunión, los representantes de CalPERS declararon por escrito que los términos del acuerdo impedirían que la decisión de Cox sentara precedente.
“No estamos de acuerdo con ciertas caracterizaciones en la decisión propuesta por el juez administrativo Cox”, dijeron los representantes de CalPERS. “El personal de CalPERS trabaja diligentemente para ayudar a los miembros, esforzándose siempre por brindarles información precisa y clara, y así lo hizo en este caso”.
Selivanoff explicó a la junta que los jubilados que están abiertos a trabajar a tiempo parcial necesitan directrices claras y precisas para comprender las normas del trabajo posterior a la jubilación, al igual que los gobiernos locales que desean contratarlos.
“Hay muchos jubilados sindicalizados que corren el mismo riesgo de tener que pagar indemnizaciones ilimitadas por cualquier error que cometan al intentar ayudar después de jubilarse”, dijo en una entrevista con CalMatters.
Los abogados de tres importantes grupos que representan a las agencias gubernamentales locales que participan en CalPERS —la Liga de Ciudades de California, la Asociación Estatal de Condados de California y la Asociación de Distritos Especiales de California— también escribieron una carta conjunta instando a la junta de pensiones a dar mayor importancia a la decisión de Cox. Calificaron a CalPERS de “incoherente” en “estas situaciones”.
“Debido a la falta de transparencia, las prácticas del personal de CalPERS han dado la impresión, en ocasiones, de crear regulaciones clandestinas y procesos inconsistentes que no son conocidos por los empleadores del gobierno local”, escribieron.
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